Inicio

He creado esta web para reunir en un mismo sitio información sobre mis líneas de investigación, publicaciones, comentarios, redes sociales, enlaces,… que pueden ser de interés para alumnos, profesores, colegas, etc. Arriba encontrarás distintas pestañas que te darán acceso a mi curriculum, conferencias y el calendario de mis intervenciones entre otros. Puedes dejar tus comentarios en cada sección en el enlace que encontrarás al final de ellas. Espero que te guste y te sea útil, y si lo necesitas, no dudes en ponerte en contacto conmigo.

CONTACTA:                                           DownloadedFile

Por Email

Mi perfil en Twitter

Mi perfil en Academia

Mi perfil en Facebook

Mi ORCID

Mi perfil en Ogmios

Crimmigración

Cooperación Honduras

OCSPI (Observatorio criminológico del sistema penal ante la inmigración)

RIMES (Proyecto para medir la exclusión social generada por la política criminal de Occidente)

RIMES project (in English)

A continuación podéis leer las últimas entradas de mi blog en donde compartiré noticias y reflexiones relacionadas con la Criminología.

La reinserción social de los penados extranjeros

Reproduzco una entrada del Blog de Paloma Ucelay, jurista de prisión, sobre la reinserción social de los penados extranjeros. A efectos docentes en materia de “predicción o valoración del riesgo” hay que fijarse en los instrumentos penitenciarios que se utilizan y en las variables que se usan: ¿Crees que esas variables son capaces de valorar el riesgo de quebrantamiento de la condena de las personas extranjeras?

Leer en fuente original: http://juristadeprisiones.com/la-reinsercion-social-de-los-penados-extranjeros/

La reinserción social de los penados extranjeros02/10/18

El art. 25.2 de la Constitución determina como fin primordial de la pena privativa de libertad y de la política penitenciaria la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, sin hacer diferencia alguna entre nacionales y extranjeros: “las  penas  privativas  de  libertad  y  las  medidas  de  seguridad  estarán  orientadas  hacia  la reeducación y reinserción social”. El legislador español no ha previsto un modelo de ejecución penitenciaria específico para los internos extranjeros.

Por lo tanto, las políticas criminales que rigen la ejecución penitenciaria en lo que se refiere a los penados extranjeros no pueden estar fundamentadas en la expulsión (aunque, por supuesto, deben tenerla en cuenta). La sustitución de la pena por expulsión prevista en el Código penal, o su materialización en vía administrativa después del cumplimiento de la condena, tal y como establece la Ley de extranjería, no pueden condicionar de manera radical las distintas decisiones sobre la vida penitenciaria del extranjero (desde la elección del centro de cumplimiento, hasta la clasificación penitenciaria, pasando por la concesión o no de  permisos de salida). Ello conduciría a negar la posibilidad (e incumplir el mandato constitucional) de facilitar un proceso de reinserción a una gran mayoría de penados extranjeros. El tratamiento penitenciario debe ser individualizado (arts. 62 y 63 LOGP), para todo tipo de internos, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de su nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (arts. 3 LOGP y 4 RP).

La expulsión como condicionante del tratamiento penitenciario

En ocasiones, hay pocas dudas de que el interno extranjero va a ser expulsado del país, por lo que constituiría un absurdo obviar este dato y empeñarse en trabajar para su reinserción en España. En estos supuestos, de hecho, la Administración penitenciaria debe promover y facilitar la utilización de los instrumentos jurídicos existentes para que regresen lo antes posible a su país (el papel del jurista y del trabajador social aquí es primordial), ya sea mediante el traslado para seguir cumpliendo condena allí, ya sea a través de la posibilidad de disfrutar el período de libertad condicional en su país de origen. De otro modo, no sólo cumplirán la condena de forma íntegra en régimen ordinario, sino que tendrán escasas posibilidades de quedarse en España con garantías de no caer en la exclusión social a causa de la imposibilidad de regularizar su situación administrativa. Y mientras continúen en prisión, el tratamiento penitenciario debe centrarse en fomentar su participación en todas aquellas actividades que puedan mejorar su reinserción en el país donde ésta se vaya a producir.

En el caso de los extranjeros que, por diferentes motivos, no van a ver materializada su expulsión, la Administración penitenciaria debe ofrecerles las mismas oportunidades tratamentales que a los internos nacionales, en base al principio constitucional de igualdad y no discriminación (lo contrario supondría reforzar el limbo jurídico y social en el que quedan los penados extranjeros cuando salen de prisión). La  situación de irregularidad administrativa o la existencia de una resolución gubernativa de expulsión no presupone automáticamente una falta de arraigo, sino que la casuística en este terreno es inmensa y, si el tratamiento penitenciario ha de ser individualizado, debe serlo muy específicamente en esta cuestión cuando se trata de penados extranjeros.

Extranjeros y permisos de salida

En el proceso que lleva a la concesión de permisos de salida, la Administración penitenciaria quiso recoger la estimación del riesgo de quebrantamiento de condena en dos instrumentos que ayudaran a la toma de decisiones (sin agotar, no obstante, todas las variables que pueden tener incidencia en la conducta de no regreso), mediante el análisis de diez circunstancias que estadísticamente daban razón de los quebrantamientos de permiso que se producían (Tabla de Variables de Riesgo o TVR) y la posible existencia de circunstancias peculiares en el interno (Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares o CCP), todo ello al amparo de lo establecido en el artículo 156.1 del RP.

El informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento.

Estos instrumentos, creados por Instrucción 22/1996, se mantuvieron en la Instrucción 3/2008 y en la vigente Instrucción 1/2012, con alguna modificación.

La Tabla de Variables de Riesgo (TVR), considera la circunstancia de extranjería de la siguiente manera:

  • Si el interno carece de vinculación en España, de tutela acreditada, y de solvencia, la variable “extranjería” se puntúa con un “3” (máximo riesgo de quebrantamiento).
  • Si presenta una vinculación acreditada y solvente de alguna persona o asociación que le tutele durante el disfrute del permiso, se le asigna un “2”.
  • Si se trata de un extranjero comunitario con “buena” vinculación o apoyo institucional, se le asigna un “1”.
  • Si está casado con un nacional, con 3 años de convivencia en territorio nacional de forma normalizada, en situación de libertad; o si se encuentra asentado en territorio nacional con permisos de trabajo y residencia, durante 5 años, se le asigna un “0”, es decir, se le equipara a estos efectos a un español.

La Instrucción 1/2012 introdujo la variable de extranjería también en la Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares (M-CCP). En concreto, añadió la existencia de resoluciones administrativas o judiciales de expulsión como circunstancia de especial riesgo a valorar en el estudio del permiso.

Señala la Instrucción 1/2012:

En los casos de penados extranjeros (no comunitarios) que no fueran residentes legales en el momento del estudio del permiso y además tengan decretada resolución administrativa o judicial de expulsión, así como en el de aquellos que hubieren cometido delitos graves (castigados con pena de prisión superior a cinco años), se valorarán tales circunstancias específicas para el estudio de posibles permisos. Su concesión, en todo caso, deberá venir especialmente justificada y motivada, en atención a la existencia de otras circunstancias cualificadas concurrentes que, a juicio del Equipo Técnico, aminoren sensiblemente el riesgo de mal uso o quebrantamiento.

La cuestión del arraigo en España

La variable de extranjería no debería justificar una práctica sistemática que impida el acceso de los internos extranjeros a los permisos de salida, ni tampoco al tercer grado (régimen abierto) o a la libertad condicional, puesto que existen otros elementos que pueden compensar una situación inicial o formal de desarraigo. Elisa García España propone la idea del “arraigo material” como un concepto más flexible de arraigo que puede posibilitar la permanencia en España a extranjeros que, a pesar de su situación de irregularidad administrativa, demuestran tener lazos relevantes que harían posible y viable su futura reinserción en nuestro país. Coincido con ella en que ese es el concepto de arraigo que debería manejarse en el ámbito penal y penitenciario.

Por otro lado, para que pueda tener sentido un camino de reinserción iniciado durante el cumplimiento de una pena de prisión, sería imprescindible reformar la Ley de extranjería, de modo que, una  vez  cumplida  la condena, no volviéramos a enfrentarnos nuevamente al concepto formal y estricto de arraigo del art. 57.5 LOEX. El mandato constitucional del art. 25.2 requeriría introducir en esta ley la posibilidad de que, cumplida la pena, el extranjero pueda demostrar la existencia de un arraigo sobrevenido (la pena de prisión habría servido felizmente para algo), y obtener así una autorización de residencia temporal.

Los antecedentes  penales como causa de expulsión

Además, el art. 57.2 de la LOEXal  establecer  como  causa de  expulsión  la existencia de  antecedentes  penales, impide a día de hoy cualquier  posibilidad  de  reinserción en España del extranjero que ha cumplido condena (nos referimos a los condenados, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año). Si se tuvieron en cuenta determinadas consideraciones referidas al arraigo que impidieron la expulsión en vía penal (empadronamiento, documento municipal de vecindad, domicilio estable, vinculación con determinadas instituciones, realización de cursos, trabajos, estudios, adquisición de lazos familiares…), deberían igualmente poder considerarse una vez cumplida la pena y finalizado el itinerario tratamental individualizado recorrido durante la estancia en prisión.

Recientemente hemos recibido en nuestro centro penitenciario, y con motivo del recurso de un interno extranjero contra la resolución administrativa que acordaba su expulsión, una solicitud del Juzgado pidiéndonos informe relativo a su actitud de cara a la reinserción social, e interesando nuestro parecer acerca de si en el momento de ser excarcelado podría representar una amenaza real y suficientemente grave que hiciese necesaria su expulsión del país. Es la primera vez que tengo conocimiento de este tipo de requerimientos a la prisión en el seno de un procedimiento de expulsión. Ojalá veamos más peticiones en esta línea, constituirá una buena señal.

Próximamente veremos qué posibilidades tienen los extranjeros de trabajar durante la condena, como parte del tratamiento penitenciario (objetivo resocializador), frente a las restricciones generales establecidas en la legislación de extranjería que limitan su acceso al trabajo. Si no quieres perderte esta próxima entrada, puedes suscribirte al blog y recibirás un aviso en tu correo cuando sea publicada.

Paloma Ucelay, Jurista del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias

Prisión permanente revisable a debate

Julián Carlos Ríos Martín, profesor de Derecho penal de la Universidad de Comillas de Madrid, ha preparado el power point que os enlazo a continuación con la intención de responder a los argumentos populistas que se están escuchando en los medios de comunicación y en las redes sociales a favor de la prisión permanente revisable.

Podeis usarlo y difundirlo, porque está hecho con esa intención.

Prisión permanente(5)(1)

La delincuencia y la inmigración: Dos fenómenos sin relación

Es frecuente asociar la inmigración con la delincuencia. Según una encuesta internacional (International Social Survey Programme), el 51% de los encuestados de toda Europa y el 50,3% de los españoles está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “los inmigrantes hacen que aumente el índice de criminalidad”. También las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran que el aspecto negativo de los inmigrantes que en mayor medida se destaca, a bastante distancia de los siguientes, es el relacionado con la delincuencia y la inseguridad; y entre los encuestados que menos simpatía tienen por los inmigrantes, la mayoría argumenta que es debido a su vinculación con la delincuencia y el crimen organizado.

images.jpeg

Pero si en lugar de acudir a percepciones subjetivas acudimos a investigaciones científicas encontramos algo muy diferente: más de un siglo de estudios indican que la tasa de de delincuencia es menor entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en el país. Según datos oficiales de EEUU entre 1990 y 2012, cuando la inmigración tanto legal como irregular alcanzó niveles históricos, la tasa de delincuencia a nivel nacional disminuyó, sobre todo en ciudades y regiones de alta concentración de inmigrantes como Los Ángeles, las ciudades fronterizas de San Diego y El Paso, Nueva York, Chicago y Miami (Rombaut y Ewing, 2017).

Los resultados en España son similares. Ha sido el país europeo con el mayor crecimiento de población inmigrante. De hecho, entre el año 2000 y el 2014 hubo un incremento exponencial de la población inmigrante, llegando a representar un 10% del total de la población según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este aumento de población inmigrante no se ha acompañado de un incremento de las tasas de criminalidad. Por el contrario, la tasa de delincuencia en España ha descendido ligeramente, siendo España el tercer país europeo con menor tasa de delincuencia según datos de Eurostat. Es decir, durante el tiempo que la población inmigrante ha crecido considerablemente en España, la delincuencia ha experimentado un leve descenso.

En España se realizó en 2012 un estudio sobre las tasas de criminalidad y de inmigración que tuvo en cuenta también las tasas de desempleo, el nivel de estudios de la población, la concentración de población en zonas urbanas, las edades, el origen de la población inmigrante y el PIB per cápita. Según este estudio, tras controlar las variables género y educación, concluye que las características de la inmigración latinoamericana ha evitado el aumento de las tasas penales en España a pesar del aumento de población. El resultado de esta investigación es totalmente coherente con la llamada “paradoja latina” en los EEUU donde la inmigración desde México ha reducido las tasas de criminalidad del país. También los rumanos con niveles educativos más bajos contribuyeron en un principio a un aumento de las tasas de criminalidad, pero en la medida en que su tamaño y composición ha ido cambiando, su tasa de delincuencia ha descendido hasta ser menor que la de los nacionales. (Alonso-Borrego et al).

Estudios europeos también encuentran evidencias de la falta de relación entre ambos fenómenos. Concretamente se ha analizado la supuesta relación entre la concentración de inmigrantes en determinadas zonas de Bélgica y el nivel de delincuencia durante cinco años. Tras realizar un análisis multivariable de varios grupos con procedencia étnica diversa se obtiene como resultado que no existe esa relación directa entre inmigración y delincuencia, y que las condiciones socio económicas, concretamente el desempleo, es una variable que explica mejor que la procedencia extranjera la delincuencia en la comunidad (Bircan y Hooghe, 2011).

A veces, hay áreas o barriadas en algunas ciudades con tasas altas de delincuencia donde también hay una alta tasa de inmigración. Un estudio comparó a los portorriqueños que vivían en la ciudad de Nueva York, quienes tenían tasas elevadas de homicidios, con los portorriqueños que vivían en otras partes de EEUU, que tenían tasas similares a los de la población oriunda blanca. Este resultado permite concluir nuevamente que no hay relación entre la inmigración y la delincuencia, ya que inmigrantes de una misma procedencia que se asientan en áreas distintas tienen una diferente tasa de delincuencia (Rosenwaike y Hempstead, 1990). Estos mismos resultados se han obtenido en estudios similares con mexicanos y cubanos (Lee, Martinez y Rodriguez, 2000). Por ello, los científicos consideran que la diferente tasa de delincuencia de los inmigrantes depende de las condiciones de violencia de las áreas de acogida.

Es más, un número considerable de investigaciones demuestran que, a pesar de que el contexto social de acogida influye en el comportamiento criminal de los residentes inmigrantes y nativos, en numerosas ocasiones, cuando se comparan ambos grupos, se observa una menor tasa de delincuencia de los inmigrantes (entre otros, Portes y Stepick, 1993; Hawkins, 1999; Martinez y Lee, 2000).

En resumen, un siglo de investigaciones sobre la supuesta relación entre inmigración y delincuencia demuestran que la participación delictiva de los inmigrantes es diversa y, a diferencia de lo que piensa la opinión pública, suelen tener una tasa de delincuencia menor que el grupo de nativos y presentan más resistencia a la delincuencia en contextos desorganizados. Por todo ello, tal vez deberíamos preguntarnos de dónde surge la percepción de que los inmigrantes aumentan la delincuencia en nuestras calles y con qué intereses.

 

Las conquistas sociales según la Criminología

El pasado 12 de enero se estrenaba en el Teatro María Guerrero de Madrid la obra ‘Voltaire-Rousseau: La disputa’, de Josep María Flotats. En un momento de la representación Voltaire dice a Rousseau: “La política, mi querido amigo, nunca es algo más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulo de oprimir a gente sin memoria”.

Precisamente con la desmemoria parece querer jugar el señor Arenas. Haciendo un uso literalista de cada una de las palabras que forman el concepto, pretende convencernos de que un cambio legislativo provocado por la presión mediática de un colectivo concreto, que nos aleja de la senda marcada por la (tan amada) Constitución, es una “conquista social” por el hecho de emanar de “la sociedad”.

Los argumentos del Partido Popular son los siguientes:

  1. “Hay una corriente de opinión pública muy mayoritaria en favor de la prisión permanente revisable tal como está prevista en nuestro Código Penal”.

Que el ciudadano de a píe sienta rabia al pensar en el asesino de una niña de 17 años es normal, pero la función de un Estado es tomar decisiones que estén por encima de la visceralidad que invade al ser humano. Debe tomar decisiones en base a los conocimientos científicos disponibles, y estos no han indicado jamás que aumentar la duración de penas, ya de por si muy extensas, provoque un descenso en la delincuencia.

Nagin y Pogarsky (2003) llevaron a cabo un estudio que encontró que la certeza del castigo si alteraba los niveles de delincuencia, pero que la severidad no jugaba ningún papel.

Los ciudadanos no conocen el sistema jurídico, el contenido de la ley ni el derecho penal, y tienen una concepción poco realista de la severidad de las sanciones penales, incluso de delitos que suelen recibir bastante atención de la opinión pública, como es el caso de los sancionados con esta pena. Por lo general, el ciudadano tiende a infraestimar la severidad de las sanciones (Roberts y Hough, 2005b).

  1. “Existe en muchos países”.

Seguramente todos habremos escuchado el dicho: “si los demás se tiran por un puente, ¿tú te tiras?”. Suelen utilizarlo las madres. Usar ese argumento en política es muy peligroso, porque a lo largo de la historia otros países han hecho barbaridades y, por suerte, no todos les siguieron hasta el precipicio.

Más allá de lo vació de este argumento, la afirmación es, como poco, imprecisa. En Alemania la revisión se produce como norma general a los 15 años, pudiendo alargarse por motivos de especial gravedad, pero la media de cumplimiento está en los 19 años, significativamente inferior a lo que establece la norma española. En España la primera revisión es a los 25 años. En definitiva, si se condenase a dos personas a la vez en cada uno de estos sistemas, en Alemania podría estar en libertad hasta 10 años antes que el condenado español. En Italia la privación de libertad no puede durar más de 30 años. No parecen sanciones que puedan equipararse.

  1. “Cuando una persona cometes delitos gravísimos, es conveniente constatar si se ha producido la rehabilitación”.

Una vez más, con esta afirmación se prescinde por completo de acudir a las evidencias científicas. A continuación expondré alguno de los estudios que contradicen esta afirmación.

Huizinga y Henry en 2008 concluyeron tras la realización de un pormenorizado estudio que: “la elección de intervenciones menos severas está justificada sobre la base de sus costes y de que la evidencia indica que unas sanciones más severas pueden resultar en niveles más elevados de delincuencia, prolongar la carrera delictiva y criminal de los individuos y, por lo tanto, resultar en un nivel más reducido de seguridad ciudadana”.

El efecto de disuasión especial que puedan tener este tipo de penas privativas de libertad, se anula por los efectos negativos que les son intrínsecos. Refuerza la identidad desviada de los penados y los estigmatiza social y económicamente.

Por todo esto, y mucho más, estas declaraciones no pueden conducirnos a otro lugar que no sea la rabia y la impotencia. Si siguiésemos la lógica que el Partido Popular está defendiendo, deberíamos atacarles personalmente, hacer referencia a lo que merecen los condenados por corrupción, y legitimar todo ello por la gran cantidad de personas que lo secundarían. Pero como nuestra labor como criminólogos en potencia es estudiar y demostrar con evidencias que se equivocan, seguiremos trabajando para alcanzar las verdaderas conquistas sociales, las que no transmitan el mensaje de que la única solución que encuentra el ser humano para sus problemas es encerrarlos y tirar la llave.

Autor: Francisco Javier Sepúlveda Rubio. Alumnos de 3º del Grado de Criminología de la Universidad de Málaga. Comentario hecho en el contexto de la asignatura “Predicción y prevención de la delincuencia”.

¿Es la prisión permanente revisable una conquista social?

Para poder discutir sobre la prisión permanente revisable y determinar si es una conquista social o no, hay primero que ponerse de acuerdo en el punto de partida.

Desde los condicionantes de un Estado social y democrático de Derecho, el objetivo de la política criminal, más que centrarse en si debe ser punitivamente más moderado o más riguroso, debería centrarse en si las estrategias de prevención de la delincuencia reducen la exclusión social de los que entran en conflicto con la ley. Solo el respeto a los principios del estado de derecho y las garantías individuales de todos los ciudadanos hace que su estrategia de prevención de la delincuencia sea asumible en los países democráticos.

Unknown.jpeg

Desde esta perspectiva, toda estrategia de prevención de la delincuencia con un enfoque inclusivo debe pretender asegurar que el sospechoso o condenado se encuentre, tras su contacto con los órganos del control penal, en iguales o mejores condiciones individuales y sociales para desarrollar voluntariamente una vida conforme a la ley (Diez Ripollés, 2014). Muchas investigaciones criminológicas han demostrado con datos empíricos que una de las estrategias más eficaces para prevenir la delincuencia es aumentar los niveles de inclusión. Por el contrario, la producción de exclusión social de sospechosos, condenados y excondenados por las instituciones del control penal genera mayor delincuencia a medio y largo plazo.

Si admitimos estas premisas, corroboradas científicamente, estamos en condiciones de entender por qué la prisión permanente revisable no es una conquista social, sino una involución rentable en términos electorales que ofrece una imagen dura frente a la delincuencia y el delincuente aunque no sea eficaz en la lucha frente a su reducción.

La prisión, como la entendemos actualmente, fue una conquista social en el siglo XVIII. Ese nuevo concepto de prisión vino a reemplazar, con una finalidad humanitaria, la pena capital, el exilio, la deportación y diversos castigos corporales. A lo largo del siglo XX se sucedieron diferentes formas de entender la prisión, que evolucionaron al ritmo que la investigación empírica iba dando muestras de su falta de eficacia, de sus consecuencias criminógenas y del efecto de prisonización de encierros de larga duración.

Durante el siglo XXI se ha producido un claro divorcio entre la política criminal y los conocimientos sobre la pena de prisión como estrategia de prevención de la delincuencia. Actualmente existen tratamientos eficaces para delincuentes sexuales, homicidas, maltratadores, etc., disponemos de penas alternativas a la prisión que dan muy buenos resultados y se sabe a ciencia cierta que privaciones de libertad superiores a 15 años son contraproducentes.

Las conquistas sociales en el campo de la política criminal son aquellas que, reduciendo los costes personales de la víctima y de los victimarios, consiguen evitar comportamientos delictivos. Desde esta perspectiva, la única que debe tenerse en consideración en las sociedades democráticas avanzadas, la prisión permanente revisable no es una conquista social, más bien se trata de una respuesta emocional, basada en sentimientos de venganza. Son las respuestas viscerales que proceden de lo más emocional y que no atienden a la racionalidad de los datos ni de las investigaciones sociales. Son sentimientos que permite justificar sin límites el endurecimiento de las penas aunque se sepa con certeza, no solo que no funciona, sino que llega a generar más delincuencia a medio y largo plazo.

Lejos de ser una conquista social, la prisión permanente revisable no es más que el reflejo de la deriva moral por la que se despeña la sociedad actual en su compromiso con la inclusión social.

Mentores en Málaga

Te ofrezco leer este artículo periodístico que nos informa de que la asociación Citywise busca voluntarios para poner en marcha un programa de mentoring con niños en situación de riesgo de exclusión en Los Asperones, La Palmilla, San Andrés y Cruz Verde

Se buscan 'hermanos mayores' contra el fracaso escolar

http://www.diariosur.es/accion-solidaria/buscan-hermanos-mayores-20171005153032-nt.html

Saca tus propias conclusiones a la luz de lo que la Colaboración Campbell opina de estos programas de prevención de la delincuencia.

El poder de la posverdad

La posverdad es un neogilismo que se refiere a las mentiras apoyadas en las emociones. Se trata de afirmaciones que no son ciertas y que la apelación a las emociones determinan más su credibilidad que el hecho objetivo cierto que las desmiente. La apariencia de verdad es más importante que la propia verdad.

Unknown.jpegEjemplos de posverdad son muchos de los argumentos que se usan por los nacionalistas , independentistas, cuyo anclaje en sentimientos de identidad del endogrupo frente al exogrupo tienen más poder que el régimen jurídico existente, la completa ausencia de apoyos internacionales o la evidente imposibilidad económica de subsistir en un mundo capitalista y conectado como en el que vivimos.

 

Otros ejemplos de posverdad son los estereotipos y prejuicios que contruímos frente a los otros. La alteridad se mantiene es posverdades. Es lo que Raumbout (sociólogo norteamericano) denomina “ideas Zombies”, porque a pesar de que se desmientan continuamente por datos objetivos y estudios científicos, siguen vivas en el imaginario popular. Esto lo dice Raumbout con respecto a las ideas que relación la inmigración y laUnknown-1.jpeg delincuencia, las cuales se han desmentido por una plétora de estudios sin que ello sea suficiente para que en el imaginario popular permanezca tal conexión. Es así porque se apoya en sentimientos de miedo, inseguridad y amenaza, por lo que dichas posverdades resisten por tratarse de una estrategia defensiva básica.

El poder de la posverdad es que condiciona las relaciones sociales, y lejos de integrar, promueven la diferencia y la desigualdad social, lo que no contribuye a la pacificación social.

 

Por el cierre definitivo de los CIE

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se nos presentan como una realidad vedada y velada. Las personas allí internadas quedan ocultas no solo tras los muros de sus instalaciones, sino también tras los prejuicios creados en torno a ellas. Coincidiendo con los 30 años de vigencia de los CIE, varios profesores universitarios hemos asumido el reto de explicar la innecesaria función de los mismos, su realidad intramuros y sus devastadores efectos, apostando por su cierre. Convencidos de que la Universidad debe ser un agente activo de transformación social basado en el conocimiento como labor creativa y crítica, que solo es posible desde nuestra autonomía académica y financiera, ofrecemos razones para el cierre de los CIE que exponemos en el informe “Razones para el cierre de los CIE: Del reformismo a la abolición”.razones-para-el-cierre-de-los-cie.jpg

Partimos de la idea de que el internamiento en un CIE no es más que una muestra de la actitud hostil que Europa tiene hacia las personas inmigrantes más desfavorecidas. Esa actitud proviene del miedo a los que consideramos los otros y de los prejuicios derivados de ese miedo. Todo ello trae como consecuencia la necesidad de dotarnos de acciones defensivas innecesarias frente a las personas extranjeras. Por eso insistimos en la importancia de que los lectores se despojen de los prejuicios que los términos inmigración irregular, expulsión y centros de internamiento suelen llevar aparejados y se realice una aproximación a esta realidad pensando en la persona y no en su origen (nacional o social). La finalidad es intentar comprender que no se está actuando con racionalidad, igualdad y justicia manteniendo los CIE.

En abril de 2017 el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en el Pleno del Senado la intención de construir tres nuevos CIE en Algeciras, Madrid y Málaga, argumentando que no es un capricho delGobierno, sino una necesidad que deriva de varias razones, entre ellas, la de reponer el CIE que se cerró en Málaga tras una fuerte presión social por las condiciones de inhabitabilidad en las que se encontraba el antiguo edificio en el que se ubicaba, derivando además en que el pleno del Ayuntamiento proclamara Málaga como “ciudad libre de CIE”.

Unknown-1.jpeg

La propuesta del Ministro se posiciona en una corriente reformista que considera necesario mantener y enmendar los actuales CIE por ser, en su opinión, “una herramienta para controlar la política migratoria que tiene la UE”. Evidentemente no compartimos esta postura y mantenemos la firme y determinada apuesta por el cierre definitivo de todos los CIE por ser una medida cautelar dolorosa para quienes la padecen, ineficiente para los que la usan como medio para controlar la inmigración irregular y costosa para todos. Esta postura abolicionista surge del convencimiento de que la desaparición de los CIE no producirá ningún efecto negativo en la actual política de control de la inmigración irregular, al tiempo que se constituirá en un hito histórico de transformación social y triunfo de los derechos humanos al desaparecer una de las medidas más calamitosas de las democracias de Occidente.

Unknown.jpegEsta postura abolicionista se mantiene con dos tipos de argumentos diferentes: Por una parte, nos referimos a argumentos utilitaristas relacionados con el funcionamiento de los CIE, que son los más frecuentemente utilizados por sus detractores, tales como su opacidad; ineficiencia (solo 3 de cada 10 internados en CIE son expulsados); su baja ocupación; su alto coste económico y, especialmente, el insufrible coste personal de quienes la padecen, máxime en el contexto de la ejecución de una sanción administrativa y no penal; los constantes fallos judiciales en su función de control (con frecuencia son localizados en CIE personas especialmente vulnerables como menores de edad solos, víctimas de trata de explotación sexual, solicitantes de protección internacional); y su fallido uso disuasorio, entre otros.

El peso de este tipo de argumentos es evidente, aunque aun permitiría movernos en un debate reformista. El otro tipo de argumentos es el que podríamos llamar constitutivos, que atienden a la razón de ser y a los fundamentos de la medida. Estos argumentos solo pueden tener como respuesta la abolición de los CIE y son las siguientes:

  • Es una medida desproporcionada ya que la privación de libertad se identifica en las democracias de Occidente con la medida más grave impuesta a los comportamientos más dañosos frente a bienes jurídicos esenciales, por lo que difícilmente se entiende que pueda ser usada con personas que buscan una mejor vida;
  • El internamiento en CIE es inconstitucional, lo que deriva, por una parte, de su desproporcionalidad al atentar al derecho fundamental a la libertad y, por otra, del incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional en la conocida sentencia 115/1987, de 7 de julio, sobre su uso excepcional, la ausencia del carácter penitenciario de los centros, y el efectivo control judicial.
  • Los CIE tienen un marcado carácter simbólico. Los CIE han fracasado como medio para expulsar a los inmigrantes, pero se mantienen en la medida en que el ejercicio del poder sobre las personas desfavorecidas consolida un efecto simbólico frente a la población a la que intenta transmitir que algo se está haciendo frente a los otros.
  • Son éticamente ilegítimos. La privación de libertad del extranjero por ser pobre es una de las mayores aberraciones del siglo XXI y una pieza más de la política migratoria europea frente a la inmigración irregular.

El Informe, coordinado por el Observatoriocriminológico del sistema penal ante la inmigración (OCSPI), lo conforman ocho apartados, cada uno elaborado por un autor diferente. Hemos querido incluir todos los posibles aspectos que atañen a estos CIE, desde su definición y alcance, pasando por su uso extensivo como prisión, las razones políticas para su mantenimiento y desarrollo, la historia de estos CIE en España, las situaciones de especial vulnerabilidad, su desproporción, falta de legitimidad e ineficiencia, hasta llegar a una propuesta de alternativas posibles.

El deseo de los autores es que sirva para dar a conocer una realidad invisible, desde perspectivas no siempre consideradas, y provocar reflexión y diálogo que derive en un futuro próximo en el cierre de los CIE.

Comunicado #Defenderaquiendefiende de Caminando Fronteras

En las redes está amenazando e insultando a quien defiende los Derechos humanos en la frontera sur de España. Así cuenta Caminando Fronteras lo que está sucediendo…

Tánger a 16 de agosto de 2017

IMG_7510
“”Desde Caminando Fronteras queremos denunciar los hechos que vienen marcando nuestra actividad profesional desde hace años y que se han agravado en las últimas semanas; denotando la situación de amenaza y desprotección que sufren las personas defensoras de Derechos Humanos en la Frontera Sur española.

Desgraciadamente estas situaciones de violencia forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes en la frontera, dándose una situación de excepción democrática tal que incluso el hecho de hablar de Derechos Humanos en estos espacios de ‘no derecho’ es sentido por los Estados como una amenaza a sus intereses. Esto es precisamente lo que ha sucedido en las últimas semanas cuando una persona integrante de nuestro colectivo, en concreto nuestra compañera Helena Maleno Garzón, ha visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral a raíz de unas declaraciones que realizó en televisión en las que afirmaba que “la lesión de un policía en la frontera de Ceuta no fue provocada por la violencia de las personas migrantes, sino que el policía se lesionó al recibir a patadas a migrantes que estaban en territorio del Estado español”.

A partir de estas declaraciones se orquestó una campaña en Twitter, donde se señalaba y criminalizaba ante la policía a nuestra compañera, intentando por enésima vez coartar su actividad política. Nuestra compañera Helena no se achantó ante las amenazas y posteriormente concedió una entrevista a la plataforma ‘Es Racismo’ (vinculado a SOS Racismo Madrid) donde explicaba la construcción del racismo institucional en la Frontera Sur española. Esto hizo que la campaña de amenazas en Twitter se recrudeciese con perfiles que amenazaban a la compañera, especialmente a través de su condición de mujer activista, instando incluso a la violación sexual como una forma de acallarla a la vez que se hacían referencias a su vida personal. Las amenazas por Twitter han ido más allá derivando en llamadas telefónicas a su móvil personal donde se repetían constantemente los mismos insultos que se leían en las redes sociales.

pistolica2

Pero el cúlmen sucedió ayer, cuando el Sindicato Unificado de Polícia (SUP) se unió a la cadena de ‘tuits’ que la amenazaban. Aunque los ‘tuits’ escritos desde el perfil oficial del sindicato eran ‘correctos’ en su forma, entendemos que el espacio (es decir, una cadena de mensajes donde se insta al odio, al racismo y la violencia contra personas migrantes y mujeres) no era el lugar para que una organización de funcionarios del Estado sindicados se posicionase. Es más, el SUP prefirió obviar los posteriores mensajes que amenazaban directamente a nuestra compañera y otros activistas así como a las personas migrantes. Seguidamente Helena recibió una amenaza de muerte por mensaje privado acompañada de una fotografía de una pistola y una bala en la que se podía leer “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”.

Ante tal situación Helena Maleno Garzón ha presentado una denuncia haciendo una recopilación de todas las amenazas que por diferentes vías instan a acabar con su labor de denuncia de la vulneración de derechos y que ponen en peligro su propia vida. Pero no es suficiente. Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los Derechos Humanos, especialmente en la Frontera Sur española, es una vieja práctica política que compañeros como Moha Gerehou de SOS RACISMO, las compañeras de HARRAGA (María Antúnez, Rosa García, Nora Driss y Sara Olcina), o José Palazón de PRODEIN, también han padecido entre otras.

Por ello nos vemos obligadas a denunciar estos hechos más allá de la vía judicial interpelando a la sociedad civil y a las instituciones democráticas españolas a #DefenderAQuienDefiende. Porque oculto bajo el discurso de la protección del territorio las personas migrantes son sistemáticamente violentadas, violadas e incluso asesinadas y el racismo del control fronterizo es una práctica cotidiana con numerosas víctimas.””

Adhesiones:

1. ADESGUIM (Guinea Conakry/ Marruecos)

2. Alianza por la Solidaridad (España)

3. Alternativa antimilitarista MOC València (España)

4. Amycos (España)

5. Andalucía Acoge (España)

6. Asociación Arrímense (España)

7. Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (España)

8. Asociación Apoyo (España)

9. Assemblea de Migrants i Refugiats 2 de Abril (España)

10. Association Alkhaima (Marruecos)

11. Associazione de promozione sociale ‘Todo Cambia’ (Italia)

12. Asociación sin Papeles de Madrid

13. Campaña CIEsNO y Fin de las Deportaciones (España)

14. Caminando Fronteras (Marruecos/ España)

15. Canarias Libre de CIE (España)

16. Caravana Abriendo Fronteras (España)

 17. Caravana Frontera Sur de Nafarroa (España)

 18.CaravanoMigranti (Italia)

19. Casa de ma dona (España)

20. CEDSALA (España)

21. Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Cordoba (México)

22. CiesNo Valencia (España)

23. Coalición Internacional Sin Papeles

24. Colectivo Hourria (España)

25. Comission For European Filipinian Workers (Europa)

26. Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (Marruecos)

27. Coordinadora de Barrios (España)

28. Coordinadora de prevención y denuncia de la Tortura (España)

29. Entrepueblos/ Entrepobles/ Entrepobos/ Herriarte (España)

30. Espacio del Inmigrante (España)

31. France Amérique Latine (Francia)

32. Federación SOS Racismo (España)

33. Fotomovimiento (España)

34. H.I.J.O.S Barcelona (España)

35. HOAC Valencia (España)

36. Inmigrapenal (España)

37. Institucional-RAIN (España)

38. Joves Avançant (España)

39. Jóvenes en Pie (España)

40. Juventud Morada (España)

41. La Terre Pour Tout (Túnez)

42. Marx21 (España)

43. Mesa de Solidaritat amb els immigrants (España)

44. Metromuster (España)

45. Noves Vies (España)

46. Obrim Fronteres (España)

47. Platform of Filipino Migrants Organisations in Europe (Europa)

48. Red Interlavapiés (Madrid)

49. Red Solidària de Acogida (España)

50. Rereguarda (España)

51. San Carlos Borromeo (España)

52. Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes (España)

53. SERCADE

54. Servicio Jesuíta Migrante (España)

55. SOS Racismo Nafarroa (España)

56. SOS Racismo Madrid (España)

57.Tanquem els CIE (España)

58. Transnational Migrant Platform Europe (Europa)

59.Territorio Doméstico

60. ProDeIn (España)

61. Unitat contra el Feixismo i el Racisme (España)

62. València Acull/València Acoge (España)

63. Veritá e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos (Italia)

https://caminandofronteras.wordpress.com/2017/08/16/comunicado-defenderaquiendefiende/amp/