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He creado esta web para reunir en un mismo sitio información sobre mis líneas de investigación, publicaciones, comentarios, redes sociales, enlaces,… que pueden ser de interés para alumnos, profesores, colegas, etc. Arriba encontrarás distintas pestañas que te darán acceso a mi curriculum, conferencias y el calendario de mis intervenciones entre otros. Puedes dejar tus comentarios en cada sección en el enlace que encontrarás al final de ellas. Espero que te guste y te sea útil, y si lo necesitas, no dudes en ponerte en contacto conmigo.

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A continuación podéis leer las últimas entradas de mi blog en donde compartiré noticias y reflexiones relacionadas con la Criminología.

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Comunicado #Defenderaquiendefiende de Caminando Fronteras

En las redes está amenazando e insultando a quien defiende los Derechos humanos en la frontera sur de España. Así cuenta Caminando Fronteras lo que está sucediendo…

Tánger a 16 de agosto de 2017

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“”Desde Caminando Fronteras queremos denunciar los hechos que vienen marcando nuestra actividad profesional desde hace años y que se han agravado en las últimas semanas; denotando la situación de amenaza y desprotección que sufren las personas defensoras de Derechos Humanos en la Frontera Sur española.

Desgraciadamente estas situaciones de violencia forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes en la frontera, dándose una situación de excepción democrática tal que incluso el hecho de hablar de Derechos Humanos en estos espacios de ‘no derecho’ es sentido por los Estados como una amenaza a sus intereses. Esto es precisamente lo que ha sucedido en las últimas semanas cuando una persona integrante de nuestro colectivo, en concreto nuestra compañera Helena Maleno Garzón, ha visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral a raíz de unas declaraciones que realizó en televisión en las que afirmaba que “la lesión de un policía en la frontera de Ceuta no fue provocada por la violencia de las personas migrantes, sino que el policía se lesionó al recibir a patadas a migrantes que estaban en territorio del Estado español”.

A partir de estas declaraciones se orquestó una campaña en Twitter, donde se señalaba y criminalizaba ante la policía a nuestra compañera, intentando por enésima vez coartar su actividad política. Nuestra compañera Helena no se achantó ante las amenazas y posteriormente concedió una entrevista a la plataforma ‘Es Racismo’ (vinculado a SOS Racismo Madrid) donde explicaba la construcción del racismo institucional en la Frontera Sur española. Esto hizo que la campaña de amenazas en Twitter se recrudeciese con perfiles que amenazaban a la compañera, especialmente a través de su condición de mujer activista, instando incluso a la violación sexual como una forma de acallarla a la vez que se hacían referencias a su vida personal. Las amenazas por Twitter han ido más allá derivando en llamadas telefónicas a su móvil personal donde se repetían constantemente los mismos insultos que se leían en las redes sociales.

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Pero el cúlmen sucedió ayer, cuando el Sindicato Unificado de Polícia (SUP) se unió a la cadena de ‘tuits’ que la amenazaban. Aunque los ‘tuits’ escritos desde el perfil oficial del sindicato eran ‘correctos’ en su forma, entendemos que el espacio (es decir, una cadena de mensajes donde se insta al odio, al racismo y la violencia contra personas migrantes y mujeres) no era el lugar para que una organización de funcionarios del Estado sindicados se posicionase. Es más, el SUP prefirió obviar los posteriores mensajes que amenazaban directamente a nuestra compañera y otros activistas así como a las personas migrantes. Seguidamente Helena recibió una amenaza de muerte por mensaje privado acompañada de una fotografía de una pistola y una bala en la que se podía leer “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”.

Ante tal situación Helena Maleno Garzón ha presentado una denuncia haciendo una recopilación de todas las amenazas que por diferentes vías instan a acabar con su labor de denuncia de la vulneración de derechos y que ponen en peligro su propia vida. Pero no es suficiente. Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los Derechos Humanos, especialmente en la Frontera Sur española, es una vieja práctica política que compañeros como Moha Gerehou de SOS RACISMO, las compañeras de HARRAGA (María Antúnez, Rosa García, Nora Driss y Sara Olcina), o José Palazón de PRODEIN, también han padecido entre otras.

Por ello nos vemos obligadas a denunciar estos hechos más allá de la vía judicial interpelando a la sociedad civil y a las instituciones democráticas españolas a #DefenderAQuienDefiende. Porque oculto bajo el discurso de la protección del territorio las personas migrantes son sistemáticamente violentadas, violadas e incluso asesinadas y el racismo del control fronterizo es una práctica cotidiana con numerosas víctimas.””

Adhesiones:

1. ADESGUIM (Guinea Conakry/ Marruecos)

2. Alianza por la Solidaridad (España)

3. Alternativa antimilitarista MOC València (España)

4. Amycos (España)

5. Andalucía Acoge (España)

6. Asociación Arrímense (España)

7. Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (España)

8. Asociación Apoyo (España)

9. Assemblea de Migrants i Refugiats 2 de Abril (España)

10. Association Alkhaima (Marruecos)

11. Associazione de promozione sociale ‘Todo Cambia’ (Italia)

12. Asociación sin Papeles de Madrid

13. Campaña CIEsNO y Fin de las Deportaciones (España)

14. Caminando Fronteras (Marruecos/ España)

15. Canarias Libre de CIE (España)

16. Caravana Abriendo Fronteras (España)

 17. Caravana Frontera Sur de Nafarroa (España)

 18.CaravanoMigranti (Italia)

19. Casa de ma dona (España)

20. CEDSALA (España)

21. Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Cordoba (México)

22. CiesNo Valencia (España)

23. Coalición Internacional Sin Papeles

24. Colectivo Hourria (España)

25. Comission For European Filipinian Workers (Europa)

26. Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (Marruecos)

27. Coordinadora de Barrios (España)

28. Coordinadora de prevención y denuncia de la Tortura (España)

29. Entrepueblos/ Entrepobles/ Entrepobos/ Herriarte (España)

30. Espacio del Inmigrante (España)

31. France Amérique Latine (Francia)

32. Federación SOS Racismo (España)

33. Fotomovimiento (España)

34. H.I.J.O.S Barcelona (España)

35. HOAC Valencia (España)

36. Inmigrapenal (España)

37. Institucional-RAIN (España)

38. Joves Avançant (España)

39. Jóvenes en Pie (España)

40. Juventud Morada (España)

41. La Terre Pour Tout (Túnez)

42. Marx21 (España)

43. Mesa de Solidaritat amb els immigrants (España)

44. Metromuster (España)

45. Noves Vies (España)

46. Obrim Fronteres (España)

47. Platform of Filipino Migrants Organisations in Europe (Europa)

48. Red Interlavapiés (Madrid)

49. Red Solidària de Acogida (España)

50. Rereguarda (España)

51. San Carlos Borromeo (España)

52. Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes (España)

53. SERCADE

54. Servicio Jesuíta Migrante (España)

55. SOS Racismo Nafarroa (España)

56. SOS Racismo Madrid (España)

57.Tanquem els CIE (España)

58. Transnational Migrant Platform Europe (Europa)

59.Territorio Doméstico

60. ProDeIn (España)

61. Unitat contra el Feixismo i el Racisme (España)

62. València Acull/València Acoge (España)

63. Veritá e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos (Italia)

https://caminandofronteras.wordpress.com/2017/08/16/comunicado-defenderaquiendefiende/amp/

 

Primera condena a prisión permanente revisable en España

Algunas personas no entenderán que me entristezca esta noticia, que no me alegre por esta condena. Seguramente no se entienda que no me parezca sensato que una persona que ha cometido actos tan atroces como los que ha cometido el parricida de Pontevedra, Unknown.jpegpase el resto de su vida en la cárcel. Pero me entristece por los derroteros por los que se está despeñado la política criminal en España, país en el que la baja tasa de delincuencia no se corresponde con la desproporción de penas. Y es que este tipo de reacciones del Estado frente a dichos comportamientos parte de premisas erradas o que no comparto:
1. En primer lugar, las personas no se dividen en buenas y malas. “Nosotros” no tenemos que defendernos de personas como estas, porque esta es una persona de las nuestras, y no me refiero a su procedencia o nacionalidad, sino a su pertenencia al género humano. No niego que ese comportamiento requiera una reacción firme, pero no de tal calibre como para llegar a considerar una respuesta casi tan inhumana como la acción que se condena.
2. Además, se parte de la base de que en prisión se ofrecen los tratamientos más adecuados para la reinserción, lo cual no es cierto, Y para colmo muy pocos se han percatado, o a pocos nos importa, que en los presupuesto del Estado de este año se hayan recortado las partidas para la reinserción, sin que se hayan destinado partidas para la prevención.
3. También es frecuente suponer que en prisión se conocen y usan los instrumentos adecuados para la predicción del comportamiento delictivo futuro de los presos, sin embargo la predicción en España está aún lejos de ser científica y racional.
4. Se desconoce que las posibilidades de reincidencia de un parricida tiende a 0 y que muy difícilmente se volverán a dar las circunstancias que provocaron estas atroces acciones.
5. Y partimos de la idea de que “por si acaso” mejor que esté encerrado, habiéndose producido una cambio de paradigma en poco más de 20 años desde el “más vale un culpable en la calle que un inocente en prisión” y la asunción del riesgo en un intento por recuperar a la persona, al actual marco de pensamiento según el cual parece conveniente encerrar a las personas cuanto más tiempo mejor y que permanezca en prisión por si acaso.
Son tiempos difíciles para los derechos humanos y muy fáciles para políticos que usan medidas populistas que no requieren esfuerzo. Es triste que pensemos que la prisión permanente revisable está solucionando algo, cuando tan solo está poniendo en evidencia la mermada salud de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

¿Por qué el Ministro del Interior no responde a una pregunta tal simple?

En un artículo de opinión publicado el 13 de febrero 2017 en El Faro de Melilla se recoge la negativa del Sr. Ministro a responder a la sencilla pregunta sobre qué tiene que hacer la Guardia Civil si se encuentra un menor en la valla de Ceuta y Melilla? La respuesta evasiva, despreciando a quien le interpelaba con soñar en mundos ideales confirma la negativa del Ministro a dar instrucciones claras sobre cuál es la actuación de los agentes de la benemérita en tales situaciones. ¿Por qué se niega el Ministro a dar una respuesta clara al asunto? Margarita Martínez Escamilla nos lo aclara en este artículo de El Faro, http://pdf.elfaro.xyz/downloadpdf.php?d=399-Jv8XPXi2&u=66-rjCMVUtT, que reproducimos a continuación:

“¿POR QUÉ NO QUIERE DAR INSTRUCCIONES EL MINISTRO DEL INTERIOR?

Lunes 13 de febrero de 2017

Hace unos días compareció en el Senado el Ministro del Interior. En dicha comparecencia una senadora le preguntó sobre la existencia y contenido de las instrucciones impartidas a la Guardia Civil en relación con las denominadas “devoluciones en caliente”, y qué tiene que hacer la Guardia Civil para cumplir la Disposición Adicional Décima de la Ley de extranjería en cuanto establece que “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Además, le hizo una pregunta muy concreta: ¿qué tiene que hacer la Guardia Civil cuando intercepta a un menor de edad en la valla?

Animo vivamente al lector a escuchar en internet la respuesta del señor Zoido, que puede resumirse en las siguientes ideas: Ceuta y Melilla son España, a él también le gustaría que no hubiera hambre en el mundo y, por último, la Guardia Civil siempre actúa respetando los derechos humanos por lo que no necesita ninguna instrucción. Tal cual. Bochornoso espectáculo también los aplausos con que los senadores de su partido premiaban la desfachatez del Ministro quien, por cierto, conocía de antemano las preguntas que le serían formuladas.

Esta respuesta –o no respuesta-, como se prefiera, constituye un insulto a los ciudadanos, a la institución del Senado que nos representa y entiendo que también a la Guardia Civil, cuya asociación mayoritaria, la AUGC, ha emitido un comunicado durísimo y cargado de razón poniendo de manifiesto la frivolidad del Ministro y la necesidad del protocolo de actuación en frontera que viene insistentemente reclamando y cuya inexistencia ha puesto en conocimiento incluso de la Fiscalía General del Estado.

Pero, ¿por qué el Ministro se niega a responder y niega las demandadas instrucciones? Porque, como él muy bien sabe, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales. Así lo vienen reiterando organismos e instituciones nacionales e internacionales como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado o el Consejo de Europa, cuyo Comité para la Prevención de la Tortura ha recomendado al Gobierno español que cesen las entregas a las fuerzas auxiliares marroquís, habida cuenta de los malos tratos que éstas infligen a las personas devueltas, con la consiguiente vulneración del principio de no devolución consagrado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Cómo ha de proceder entonces la Guardia Civil cuando intercepta a una persona en la valla para respetar la normativa internacional de derechos humanos, tal y como expresamente exige la nueva regulación de los rechazos en frontera? El Defensor del Pueblo lo ha indicado reiteradamente: a través de un procedimiento en el que se dicte una resolución administrativa individualizada y expresa, con asistencia letrada y de intérprete, si es necesario, y en el que se deje constancia de que se verifican las necesidades de protección internacional, que no se trata de un menor de edad y que no existen indicios de ser víctima de trata de seres humanos. Estos requisitos son fáciles de entender. No toda persona que accede a territorio español tiene derecho a quedarse, pero sí a que su entrega –nunca a las fuerzas auxiliares marroquís- se verifique a través de un procedimiento que permita constatar que esa persona no se encuentra en una situación que el Estado español, a través de la firma de normas internacionales, se ha comprometido a tutelar, como es por ejemplo el caso de los menores de edad por los que fue expresamente preguntado el Ministro. Será necesario, pues, un procedimiento muy parecido al de devolución. Efectivamente para este viaje no necesitábamos las alforjas de los “rechazos en frontera”, que no han venido sino a incrementar la inseguridad jurídica de la Guardia Civil.

Es de esperar que no se vuelva a acudir al patético “concepto operativo de frontera” para tratar de justificar que el inmigrante interceptado no está en territorio español. Como bien sabe el señor Ministro, porque es juez y porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, la actuación de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del nuestro país está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, actúen dentro o fuera de territorio español (principio de jurisdicción).

Se miren por dónde se miren, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales y su mantenimiento no es sino expresión de la contumaz voluntad de no aplicar la normativa sobre derechos humanos en Ceuta y Melilla, voluntad que un día algún juez podrá castigar, además de por otros delitos, como un delito de prevaricación. Así pues, señor Ministro, no nos tome por imbéciles. Es obvio que su negativa a refrendar expresamente las devoluciones sumarias se debe a que sabe que son ilegales y a que cobardemente prefiere que por estas prácticas respondan los guardias civiles, cuando en realidad el primer responsable es usted.

Margarita Martínez Escamilla

Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid”

 

Carta a Jordi Évole

Querido Jordi,

El equipo y la red de colaboradores del Observatorio del sistema penal ante la inmigración (OCSPI) del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga queremos hacerte llegar nuestra preocupación e indignación por la situación tan alarmante en la que se encuentran muchos menores extranjeros no acompañados (MENA) en las calles de algunas ciudades españolas, y especialmente en Melilla. A continuación te explicamos brevemente la situación con la esperanza de que le podáis prestar atención y hacer uno de esos programas de Salvados tan interesantes y que tanta repercusión suelen tener. Huelga decir que somos fieles seguidores de tu programa.

La realidad de los MENA en Melilla es un ejemplo claro del incumplimiento de leyes, con el conocimiento y consentimiento de todos los responsables implicados en su aplicación. Al margen de la complejidad que esta situación presenta, fruto de las particularidades históricas, económicas, sociales y culturales de la migración en dicha zona, la protección de los menores en riesgo y abandono cuando se encuentran ya en nuestro territorio es un imperativo legal incuestionable. No obstante, en Melilla, mientras se encuentran soluciones al debate e intereses de fondo respecto a la cooperación o no con Marruecos, existen en torno a 60 menores de edad que malviven en las calles. El que sean o no extranjeros no diferencia la responsabilidad que sobre ellos ha de tener la Consejería de Bienestar Social, encargada de su tutela y protección. Aun así el propio consejero manifiesta de forma pública y reiterada en numerosos medios de comunicación (véase hemeroteca local: El Faro de Melilla, Melilla hoy) que no dispone de recursos suficientes para garantizar el bienestar de estos menores, evidenciando con ello el abandono institucional al que los deja.

En la ciudad de Melilla existen cuatro centros de protección de menores. Su capacidad suele estar desbordada, fruto del flujo intenso de entrada de menores extranjeros no acompañados que se produce desde Marruecos. En el año 2016 pasaron por Melilla 1.400 menores. En concreto, en uno de estos centros, “La Purísima”, residen más del doble de menores de su capacidad (360 aproximadamente sobre 180) lo que implica, como mínimo, deficiencias de tipo material y en el trato a los menores. En paralelo, existen numerosas denuncias puestas por menores y entidades sociales hacia el personal del centro y hacia la intervención que en él se lleva a cabo. El entramado que acompaña a toda esta situación hace que sea una realidad conocida por la propia Consejería de Bienestar Social, Fiscalía, Juzgados, Defensor del Pueblo, etc.

Junto a las anomalías producidas en los centros, relacionadas fundamentalmente con el trato recibido y con la gestión de la documentación administrativa a la que tienen derecho los menores en su condición de tutelados, la mayor vulnerabilidad de derechos se produce hacia aquellos que se encuentran en las calles. En este abandono institucional, los menores pasan días y noches a la intemperie, en chabolas improvisadas bajo los puentes, en los bancos de los parques, en las escolleras del puerto, etc., convirtiéndose en víctimas perfectas para abusos y extorsiones de adultos sobre ellos. El abandono institucional los hace aún más vulnerables. En concreto, en estos días la Consejería de Bienestar Social ha publicado el resultado de un trabajo llevado a cabo por un grupo de educadores de calle, contratados durante el mes de diciembre –ya no continúan- en el que se constata la existencia de abusos por parte de adultos hacia estos menores, a quienes también los incitan al consumo de tóxicos. Esta información ofrecida por la propia Consejería evidencia la desprotección en la que los menores se encuentran y el conocimiento que se tiene de ello, aun cuando son menores con derecho a ser tutelados por la administración.

Con todos estos elementos los MENA en Melilla son un tema de gran interés mediático, utilizado, interpretado y alentado desde diferentes perspectivas e intereses. Sin embargo, se corre el riesgo de prestar más atención al debate que a la protección real de los menores. Los vecinos, las instituciones, las entidades sociales, los propios menores, etc. juegan cada uno un papel concreto, sin muchas posibilidades de diálogo dado el grado de distorsión en el que ya se encuentra todo, pero con gran urgencia de cambio en las respuestas que se están ofreciendo a los menores. Mientras se encuentra la solución no debe existir ni un solo menor viviendo en la calle. Este debiera ser el primer compromiso y actuación garantizada desde la administración. Los derechos de los menores se asumen, no se aplazan.

La preocupación ante esta situación totalmente anómala en nuestro estado de derecho y bienestar social lleva tiempo ocupando reflexiones y análisis desde diferentes ámbitos. En concreto, desde el OCSPI se vienen desarrollando desde hace tiempo investigaciones y encuentros entre expertos para el abordaje de esta realidad. Con este objetivo y entendiendo que la situación requiere de la suma de todos los esfuerzos e iniciativas que puedan provocar respuestas inmediatas a la protección de los menores, les animamos a considerar este tema de interés para su investigación periodística y posterior difusión. Este primer contacto es sólo un punto de partida, quedando a su total disposición para cualquier aclaración, ampliación y/o conversación necesaria que podamos ofrecer.

 

Círculos de apoyo y responsabilidad

Los círculos están formados por voluntarios comprometidos en la mejora de la seguridad pública a través del apoyo a la reinserción de delincuentes. El apoyo consiste en pactar, reunirse yimages.jpeg acompañar diariamente a una persona que ha sido condenada y esté cumpliendo la pena en medio abierto.

Los pilares fundamentales de este voluntariado son:

  1. La comunidad tiene la responsabilidad de la seguridad sobre futuras víctimas y de la reinserción de delincuentes que han cumplido sus condenas.
  2. La justicia restaurativa como una redefinición de las funciones del derecho penal
    1. Atendiendo a las víctimas
    2. Responsabilizando al agresor
    3. Involucrando a la víctima, agresor y comunidad en el proceso de abordar los daños causados por el delito

El origen de este programa se halla en 1994 cuando el pastor de una iglesia evangélica, el reverendo Harry Night de Hamilton (Canadá), fue llamado por un psicólogo de prisión

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Rev. Harry Night

porque un preso lo había identificado como uno de sus pocos amigos. Se habían conocido en el programa de visitas a prisión que el pastor lideraba desde su iglesia. El pastor se dio cuenta de que el preso saldría pronto en libertad y necesitaría apoyo en la comunidad. El pastor llamó a algunos miembros de su iglesia que participaban como voluntarios en prisión y les invitó a formar parte de este programa. Los medios de comunicación y la comunidad tuvieron al principio una respuesta hostil a esta iniciativa. Entonces el reverendo Harry invitó a miembros de la comunidad a participar en el programa. Un año después, el capellán de prisiones de la iglesia católica de Toronto (rev. Hugh Kirkegaard), que había seguido de cerca la iniciativa de Hamilton, puso en marcha el mismo programa cuando se les presentó el caso de un delincuente con alto riesgo delictivo que salía de prisión. Durante meses el capellán y el pastor compararon notas y reflexiones y se dieron cuenta de que este tipo de intervenciones calmaba la ansiedad de la comunidad y los exdelincuentes se iban ajustando positivamente a la comunidad. De dichas reflexiones surgió el programa de círculos de apoyo y responsabilidad (COSA según acrónimo en inglés). Este programa está basado fundamentalmente en la creencia absoluta en la reconciliación y en la hospitalidad radical, compartiendo vida y asumiendo los riesgos.

Poco a poco este programa se fue desarrollando en muchas ciudades canadienses y pronto dio el salto a otros países anglosajones.

En España se implanta gracias al programa europeo Daphne III, sin  motivaciones religiosas. En el estudio realizado por Soler y García (2013) se explica detalladamente el proceso que siguieron para la adaptación al contextoUnknown.jpeg
de Cataluña. Los factores en los que los círculos pretenden incidir para evitar la recaída son principalmente dos: el aislamiento social y la soledad emocional (Soler y García, 2013). Cada COSA se compone de dos círculos concéntricos, en torno a un delincuente sexual que es considerado de medio o alto riesgo en la valoración del RISCANVI. Este miembro central, junto a un grupo de voluntarios de entre 4 y 7 personas, a veces más, forman el círculo interno. Los componentes del círculo interno son los que están en contacto constantemente con el exdelincuente o miembro central. Al principio se deben encontrar con una frecuencia semanal, y ésta irá cambiando con la evolución del programa. El programa tiene una duración de entre 1 año y medio y dos años, durante los cuales el miembro central estará supervisado y ayudado por los círculos. Estos voluntarios del círculo interno están respaldados por un grupo de profesionales que forman el segundo círculo o círculo externo. Ante estos, los voluntarios pueden presentar sus dudas o problemas con el programa y estos pueden, si fuera necesario, tomar medidas en beneficio de la prevención y el buen funcionamiento del círculo. Esta comunicación es gracias a una cuarta figura, el coordinador, que se encuentra entre ambos círculos como puente entre los miembros del círculo interno y externo.

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Fuente: Ortiz Monfort, Nuria (TFG, 2014) Universidad de Barcelona

Dos son los compromisos básicos que deben cumplirse para que los círculos funcionen: “no hay secretos” y “no más víctimas”. Un aspecto realmente importante en el funcionamiento de los círculos es la constante información entre el círculo interno y el externo. Mediante esta información continua y detallada, la intervención ante situaciones de riesgo será images.jpeginmediata, consiguiendo así que no se den nuevos delitos o situaciones problemáticas (Soler y García, 2013). Un círculo interno empieza a funcionar cuando se transforma en una red de capital humano en la que el miembro central tiene modelos que imitar y prácticas de vida saludables y prosociales. También, cuando se convierte en el espacio idóneo para que el delincuente pueda integrarse y expresarse sin ser rechazado y partiendo de la base de que éste se responsabiliza de sus actos y quiere cambiar. Es entonces cuando aparece el espacio perfecto para que se cree una nueva identidad personal (Soler y García, 2013).

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La evaluación sobre la efectividad de estos programas es muy positiva. Wilson, Cortoni y McWhinnie en 2009 estudiaron dos grupos de delincuentes, uno de ellos participaba en el programa COSA (44 miembros centrales) y el otro grupo era el de control, formado por 44 delincuentes sexuales. La evaluación se prolongó durante casi tres años. Los resultados fueron que la reincidencia en delitos sexuales fue un 83% menos en los sujetos que participaron en un círculo que los del grupo control, y la reincidencia violenta fue un 73% menos. En cuanto a la reincidencia en general, el grupo COSA reincidió un 71% menos que el de control. En términos generales, el total de la reincidencia del grupo COSA fue un 74% menos que el del grupo control. Resultados que resultan ser muy positivos para la rehabilitación de los delincuentes sexuales de alto riesgo (Höing, 2011; Wilson, Bates y Völlm, 2010).

Cabe preguntarse si este tipo de “círculos” serían efectivos para otras tipologías delictivas, para la reintegración de jóvenes tras su paso por instituciones de reforma; o, incluso, para jóvenes en alto riesgo de exclusión social aún cuando no hayan pasado por el sistema de justicia penal como modo de prevención de la delincuencia.