Inicio

He creado esta web para reunir en un mismo sitio información sobre mis líneas de investigación, publicaciones, comentarios, redes sociales, enlaces,… que pueden ser de interés para alumnos, profesores, colegas, etc. Arriba encontrarás distintas pestañas que te darán acceso a mi curriculum, conferencias y el calendario de mis intervenciones entre otros. Puedes dejar tus comentarios en cada sección en el enlace que encontrarás al final de ellas. Espero que te guste y te sea útil, y si lo necesitas, no dudes en ponerte en contacto conmigo.

CONTACTA:                                           DownloadedFile

Por Email

Mi perfil en Twitter

Mi perfil en Academia

Mi perfil en Facebook

Mi ORCID

Mi perfil en Ogmios

Crimmigración

Cooperación Honduras

OCSPI (Observatorio criminológico del sistema penal ante la inmigración)

RIMES (Proyecto para medir la exclusión social generada por la política criminal de Occidente)

RIMES project (in English)

A continuación podéis leer las últimas entradas de mi blog en donde compartiré noticias y reflexiones relacionadas con la Criminología.

¿Por qué el Ministro del Interior no responde a una pregunta tal simple?

En un artículo de opinión publicado el 13 de febrero 2017 en El Faro de Melilla se recoge la negativa del Sr. Ministro a responder a la sencilla pregunta sobre qué tiene que hacer la Guardia Civil si se encuentra un menor en la valla de Ceuta y Melilla? La respuesta evasiva, despreciando a quien le interpelaba con soñar en mundos ideales confirma la negativa del Ministro a dar instrucciones claras sobre cuál es la actuación de los agentes de la benemérita en tales situaciones. ¿Por qué se niega el Ministro a dar una respuesta clara al asunto? Margarita Martínez Escamilla nos lo aclara en este artículo de El Faro, http://pdf.elfaro.xyz/downloadpdf.php?d=399-Jv8XPXi2&u=66-rjCMVUtT, que reproducimos a continuación:

“¿POR QUÉ NO QUIERE DAR INSTRUCCIONES EL MINISTRO DEL INTERIOR?

Lunes 13 de febrero de 2017

Hace unos días compareció en el Senado el Ministro del Interior. En dicha comparecencia una senadora le preguntó sobre la existencia y contenido de las instrucciones impartidas a la Guardia Civil en relación con las denominadas “devoluciones en caliente”, y qué tiene que hacer la Guardia Civil para cumplir la Disposición Adicional Décima de la Ley de extranjería en cuanto establece que “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Además, le hizo una pregunta muy concreta: ¿qué tiene que hacer la Guardia Civil cuando intercepta a un menor de edad en la valla?

Animo vivamente al lector a escuchar en internet la respuesta del señor Zoido, que puede resumirse en las siguientes ideas: Ceuta y Melilla son España, a él también le gustaría que no hubiera hambre en el mundo y, por último, la Guardia Civil siempre actúa respetando los derechos humanos por lo que no necesita ninguna instrucción. Tal cual. Bochornoso espectáculo también los aplausos con que los senadores de su partido premiaban la desfachatez del Ministro quien, por cierto, conocía de antemano las preguntas que le serían formuladas.

Esta respuesta –o no respuesta-, como se prefiera, constituye un insulto a los ciudadanos, a la institución del Senado que nos representa y entiendo que también a la Guardia Civil, cuya asociación mayoritaria, la AUGC, ha emitido un comunicado durísimo y cargado de razón poniendo de manifiesto la frivolidad del Ministro y la necesidad del protocolo de actuación en frontera que viene insistentemente reclamando y cuya inexistencia ha puesto en conocimiento incluso de la Fiscalía General del Estado.

Pero, ¿por qué el Ministro se niega a responder y niega las demandadas instrucciones? Porque, como él muy bien sabe, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales. Así lo vienen reiterando organismos e instituciones nacionales e internacionales como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado o el Consejo de Europa, cuyo Comité para la Prevención de la Tortura ha recomendado al Gobierno español que cesen las entregas a las fuerzas auxiliares marroquís, habida cuenta de los malos tratos que éstas infligen a las personas devueltas, con la consiguiente vulneración del principio de no devolución consagrado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Cómo ha de proceder entonces la Guardia Civil cuando intercepta a una persona en la valla para respetar la normativa internacional de derechos humanos, tal y como expresamente exige la nueva regulación de los rechazos en frontera? El Defensor del Pueblo lo ha indicado reiteradamente: a través de un procedimiento en el que se dicte una resolución administrativa individualizada y expresa, con asistencia letrada y de intérprete, si es necesario, y en el que se deje constancia de que se verifican las necesidades de protección internacional, que no se trata de un menor de edad y que no existen indicios de ser víctima de trata de seres humanos. Estos requisitos son fáciles de entender. No toda persona que accede a territorio español tiene derecho a quedarse, pero sí a que su entrega –nunca a las fuerzas auxiliares marroquís- se verifique a través de un procedimiento que permita constatar que esa persona no se encuentra en una situación que el Estado español, a través de la firma de normas internacionales, se ha comprometido a tutelar, como es por ejemplo el caso de los menores de edad por los que fue expresamente preguntado el Ministro. Será necesario, pues, un procedimiento muy parecido al de devolución. Efectivamente para este viaje no necesitábamos las alforjas de los “rechazos en frontera”, que no han venido sino a incrementar la inseguridad jurídica de la Guardia Civil.

Es de esperar que no se vuelva a acudir al patético “concepto operativo de frontera” para tratar de justificar que el inmigrante interceptado no está en territorio español. Como bien sabe el señor Ministro, porque es juez y porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, la actuación de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del nuestro país está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, actúen dentro o fuera de territorio español (principio de jurisdicción).

Se miren por dónde se miren, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales y su mantenimiento no es sino expresión de la contumaz voluntad de no aplicar la normativa sobre derechos humanos en Ceuta y Melilla, voluntad que un día algún juez podrá castigar, además de por otros delitos, como un delito de prevaricación. Así pues, señor Ministro, no nos tome por imbéciles. Es obvio que su negativa a refrendar expresamente las devoluciones sumarias se debe a que sabe que son ilegales y a que cobardemente prefiere que por estas prácticas respondan los guardias civiles, cuando en realidad el primer responsable es usted.

Margarita Martínez Escamilla

Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid”

 

Carta a Jordi Évole

Querido Jordi,

El equipo y la red de colaboradores del Observatorio del sistema penal ante la inmigración (OCSPI) del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga queremos hacerte llegar nuestra preocupación e indignación por la situación tan alarmante en la que se encuentran muchos menores extranjeros no acompañados (MENA) en las calles de algunas ciudades españolas, y especialmente en Melilla. A continuación te explicamos brevemente la situación con la esperanza de que le podáis prestar atención y hacer uno de esos programas de Salvados tan interesantes y que tanta repercusión suelen tener. Huelga decir que somos fieles seguidores de tu programa.

La realidad de los MENA en Melilla es un ejemplo claro del incumplimiento de leyes, con el conocimiento y consentimiento de todos los responsables implicados en su aplicación. Al margen de la complejidad que esta situación presenta, fruto de las particularidades históricas, económicas, sociales y culturales de la migración en dicha zona, la protección de los menores en riesgo y abandono cuando se encuentran ya en nuestro territorio es un imperativo legal incuestionable. No obstante, en Melilla, mientras se encuentran soluciones al debate e intereses de fondo respecto a la cooperación o no con Marruecos, existen en torno a 60 menores de edad que malviven en las calles. El que sean o no extranjeros no diferencia la responsabilidad que sobre ellos ha de tener la Consejería de Bienestar Social, encargada de su tutela y protección. Aun así el propio consejero manifiesta de forma pública y reiterada en numerosos medios de comunicación (véase hemeroteca local: El Faro de Melilla, Melilla hoy) que no dispone de recursos suficientes para garantizar el bienestar de estos menores, evidenciando con ello el abandono institucional al que los deja.

En la ciudad de Melilla existen cuatro centros de protección de menores. Su capacidad suele estar desbordada, fruto del flujo intenso de entrada de menores extranjeros no acompañados que se produce desde Marruecos. En el año 2016 pasaron por Melilla 1.400 menores. En concreto, en uno de estos centros, “La Purísima”, residen más del doble de menores de su capacidad (360 aproximadamente sobre 180) lo que implica, como mínimo, deficiencias de tipo material y en el trato a los menores. En paralelo, existen numerosas denuncias puestas por menores y entidades sociales hacia el personal del centro y hacia la intervención que en él se lleva a cabo. El entramado que acompaña a toda esta situación hace que sea una realidad conocida por la propia Consejería de Bienestar Social, Fiscalía, Juzgados, Defensor del Pueblo, etc.

Junto a las anomalías producidas en los centros, relacionadas fundamentalmente con el trato recibido y con la gestión de la documentación administrativa a la que tienen derecho los menores en su condición de tutelados, la mayor vulnerabilidad de derechos se produce hacia aquellos que se encuentran en las calles. En este abandono institucional, los menores pasan días y noches a la intemperie, en chabolas improvisadas bajo los puentes, en los bancos de los parques, en las escolleras del puerto, etc., convirtiéndose en víctimas perfectas para abusos y extorsiones de adultos sobre ellos. El abandono institucional los hace aún más vulnerables. En concreto, en estos días la Consejería de Bienestar Social ha publicado el resultado de un trabajo llevado a cabo por un grupo de educadores de calle, contratados durante el mes de diciembre –ya no continúan- en el que se constata la existencia de abusos por parte de adultos hacia estos menores, a quienes también los incitan al consumo de tóxicos. Esta información ofrecida por la propia Consejería evidencia la desprotección en la que los menores se encuentran y el conocimiento que se tiene de ello, aun cuando son menores con derecho a ser tutelados por la administración.

Con todos estos elementos los MENA en Melilla son un tema de gran interés mediático, utilizado, interpretado y alentado desde diferentes perspectivas e intereses. Sin embargo, se corre el riesgo de prestar más atención al debate que a la protección real de los menores. Los vecinos, las instituciones, las entidades sociales, los propios menores, etc. juegan cada uno un papel concreto, sin muchas posibilidades de diálogo dado el grado de distorsión en el que ya se encuentra todo, pero con gran urgencia de cambio en las respuestas que se están ofreciendo a los menores. Mientras se encuentra la solución no debe existir ni un solo menor viviendo en la calle. Este debiera ser el primer compromiso y actuación garantizada desde la administración. Los derechos de los menores se asumen, no se aplazan.

La preocupación ante esta situación totalmente anómala en nuestro estado de derecho y bienestar social lleva tiempo ocupando reflexiones y análisis desde diferentes ámbitos. En concreto, desde el OCSPI se vienen desarrollando desde hace tiempo investigaciones y encuentros entre expertos para el abordaje de esta realidad. Con este objetivo y entendiendo que la situación requiere de la suma de todos los esfuerzos e iniciativas que puedan provocar respuestas inmediatas a la protección de los menores, les animamos a considerar este tema de interés para su investigación periodística y posterior difusión. Este primer contacto es sólo un punto de partida, quedando a su total disposición para cualquier aclaración, ampliación y/o conversación necesaria que podamos ofrecer.

 

Círculos de apoyo y responsabilidad

Los círculos están formados por voluntarios comprometidos en la mejora de la seguridad pública a través del apoyo a la reinserción de delincuentes. El apoyo consiste en pactar, reunirse yimages.jpeg acompañar diariamente a una persona que ha sido condenada y esté cumpliendo la pena en medio abierto.

Los pilares fundamentales de este voluntariado son:

  1. La comunidad tiene la responsabilidad de la seguridad sobre futuras víctimas y de la reinserción de delincuentes que han cumplido sus condenas.
  2. La justicia restaurativa como una redefinición de las funciones del derecho penal
    1. Atendiendo a las víctimas
    2. Responsabilizando al agresor
    3. Involucrando a la víctima, agresor y comunidad en el proceso de abordar los daños causados por el delito

El origen de este programa se halla en 1994 cuando el pastor de una iglesia evangélica, el reverendo Harry Night de Hamilton (Canadá), fue llamado por un psicólogo de prisión

harry_nigh2jpg.jpeg.size_.xxlarge.letterbox.jpg

Rev. Harry Night

porque un preso lo había identificado como uno de sus pocos amigos. Se habían conocido en el programa de visitas a prisión que el pastor lideraba desde su iglesia. El pastor se dio cuenta de que el preso saldría pronto en libertad y necesitaría apoyo en la comunidad. El pastor llamó a algunos miembros de su iglesia que participaban como voluntarios en prisión y les invitó a formar parte de este programa. Los medios de comunicación y la comunidad tuvieron al principio una respuesta hostil a esta iniciativa. Entonces el reverendo Harry invitó a miembros de la comunidad a participar en el programa. Un año después, el capellán de prisiones de la iglesia católica de Toronto (rev. Hugh Kirkegaard), que había seguido de cerca la iniciativa de Hamilton, puso en marcha el mismo programa cuando se les presentó el caso de un delincuente con alto riesgo delictivo que salía de prisión. Durante meses el capellán y el pastor compararon notas y reflexiones y se dieron cuenta de que este tipo de intervenciones calmaba la ansiedad de la comunidad y los exdelincuentes se iban ajustando positivamente a la comunidad. De dichas reflexiones surgió el programa de círculos de apoyo y responsabilidad (COSA según acrónimo en inglés). Este programa está basado fundamentalmente en la creencia absoluta en la reconciliación y en la hospitalidad radical, compartiendo vida y asumiendo los riesgos.

Poco a poco este programa se fue desarrollando en muchas ciudades canadienses y pronto dio el salto a otros países anglosajones.

En España se implanta gracias al programa europeo Daphne III, sin  motivaciones religiosas. En el estudio realizado por Soler y García (2013) se explica detalladamente el proceso que siguieron para la adaptación al contextoUnknown.jpeg
de Cataluña. Los factores en los que los círculos pretenden incidir para evitar la recaída son principalmente dos: el aislamiento social y la soledad emocional (Soler y García, 2013). Cada COSA se compone de dos círculos concéntricos, en torno a un delincuente sexual que es considerado de medio o alto riesgo en la valoración del RISCANVI. Este miembro central, junto a un grupo de voluntarios de entre 4 y 7 personas, a veces más, forman el círculo interno. Los componentes del círculo interno son los que están en contacto constantemente con el exdelincuente o miembro central. Al principio se deben encontrar con una frecuencia semanal, y ésta irá cambiando con la evolución del programa. El programa tiene una duración de entre 1 año y medio y dos años, durante los cuales el miembro central estará supervisado y ayudado por los círculos. Estos voluntarios del círculo interno están respaldados por un grupo de profesionales que forman el segundo círculo o círculo externo. Ante estos, los voluntarios pueden presentar sus dudas o problemas con el programa y estos pueden, si fuera necesario, tomar medidas en beneficio de la prevención y el buen funcionamiento del círculo. Esta comunicación es gracias a una cuarta figura, el coordinador, que se encuentra entre ambos círculos como puente entre los miembros del círculo interno y externo.

Captura de pantalla 2016-12-11 a las 10.56.31.jpg

Fuente: Ortiz Monfort, Nuria (TFG, 2014) Universidad de Barcelona

Dos son los compromisos básicos que deben cumplirse para que los círculos funcionen: “no hay secretos” y “no más víctimas”. Un aspecto realmente importante en el funcionamiento de los círculos es la constante información entre el círculo interno y el externo. Mediante esta información continua y detallada, la intervención ante situaciones de riesgo será images.jpeginmediata, consiguiendo así que no se den nuevos delitos o situaciones problemáticas (Soler y García, 2013). Un círculo interno empieza a funcionar cuando se transforma en una red de capital humano en la que el miembro central tiene modelos que imitar y prácticas de vida saludables y prosociales. También, cuando se convierte en el espacio idóneo para que el delincuente pueda integrarse y expresarse sin ser rechazado y partiendo de la base de que éste se responsabiliza de sus actos y quiere cambiar. Es entonces cuando aparece el espacio perfecto para que se cree una nueva identidad personal (Soler y García, 2013).

images-1.jpeg

La evaluación sobre la efectividad de estos programas es muy positiva. Wilson, Cortoni y McWhinnie en 2009 estudiaron dos grupos de delincuentes, uno de ellos participaba en el programa COSA (44 miembros centrales) y el otro grupo era el de control, formado por 44 delincuentes sexuales. La evaluación se prolongó durante casi tres años. Los resultados fueron que la reincidencia en delitos sexuales fue un 83% menos en los sujetos que participaron en un círculo que los del grupo control, y la reincidencia violenta fue un 73% menos. En cuanto a la reincidencia en general, el grupo COSA reincidió un 71% menos que el de control. En términos generales, el total de la reincidencia del grupo COSA fue un 74% menos que el del grupo control. Resultados que resultan ser muy positivos para la rehabilitación de los delincuentes sexuales de alto riesgo (Höing, 2011; Wilson, Bates y Völlm, 2010).

Cabe preguntarse si este tipo de “círculos” serían efectivos para otras tipologías delictivas, para la reintegración de jóvenes tras su paso por instituciones de reforma; o, incluso, para jóvenes en alto riesgo de exclusión social aún cuando no hayan pasado por el sistema de justicia penal como modo de prevención de la delincuencia.

¿Qué tipo de cárcel funciona?

“Noruega es una sociedad del bienestar rica en petróleo —el Estado proporciona casi por completo una educación de alta calidad, sanidad y atención infantil— con una larga cultura de igualdad, seguridad y pensamiento comunitario. Durante muchos siglos la economía noruega se basó en pequeños pueblos y autogobiernos locales democráticos; los títulos nobiliarios se abolieron hace 200 años y nunca ha habido una distinción de clase superior.

No hay nada que represente mejor el estilo noruego que su sistema penitenciario, que ha adoptado un “principio de normalidad”, según el cual el castigo es la restricción de la libertad por sí misma y que ordena que nadie debe cumplir su condena bajo condiciones más estrictas de lo que se requiera para la seguridad de la comunidad.

El criminólogo John Pratt resumió el enfoque escandinavo usando el término “excepcionalismo penal”, en referencia a las bajas tasas de encarcelamiento de esos países y a las condiciones humanas en prisión. Las cárceles son pequeñas: la mayoría alberga a menos de 100 personas y algunas, a sólo un puñado de personas. Están diseminadas por todo el país, que mantiene a los presos cerca de sus familias y comunidades, y están diseñadas para asemejarse lo máximo a la vida del exterior.

prision_noruega.jpg

Los reclusos siguen contando con una sanidad, una educación y otros servicios sociales aunque estén en la cárcel. El modelo importado en Noruega conecta a las personas en la cárcel a las mismas organizaciones de bienestar que el resto de ciudadanos y crea lo que se llama una condena coherente, lo que significa que una persona pertenece al mismo municipio antes y después de pasar por prisión. Aquí las condenas son cortas, de una media de ocho meses, sobre todo si se comparan con Estados Unidos, donde las condenas duran de media 4,5 años. Casi nadie cumple toda su condena, y cuando se completa un tercio de ella, el preso puede solicitar permisos para ir a casa y pasar hasta la mitad de su condena fuera de las instalaciones.

El aspecto más publicitado del sistema penitenciario humano de Noruega es el hecho de que parece que funciona. Las tasas de criminalidad son muy bajas y la tasa de reincidencia apenas llega al 20%“.

(Extracto del artículo del Huffington Post titulado “Noruega demuestra que tratar a los presos como seres humanos funciona”)

UN GRITO A FAVOR DE LOS OMAR

La celeridad es un principio rector de la actuación de las diferentes administraciones. En el caso de menores extranjeros no acompañados la Administración debe actuar con esta celeridad según el convenio marco y establece un período orientativo de tiempo sobre el que no debería demorarse la regularización de un menor, que parece considerarse adecuado en TRES MESES.

Esta norma de aplicación de la Ley cuenta con unas guías aún más detalladas (“Guías de aplicación del referido protocolo”) que hacen mención expresa de la tramitación de la autorización de residencia de forma inmediata para aquellos menores que “por el tiempo que falte para alcanzar la mayoría de edad es evidente que no podrá tramitarse la obtención del pasaporte o de la cédula”.

Cuando leí estos documentos me reconfortó la idea de que la Administración mostrara sensibilidad ante esas situaciones que venían poniendo a los menores en limbos jurídicos y en franca situación de vulnerabilidad. Sin embargo, hoy la realidad me pone en el suelo. Os cuento cómo quedará un chico que ingresó en el centro de protección y que se llama Omar (nombre ficticio). Hoy es el día de su cumpleaños, mañana se le dará de baja en el centro y se le dirá a Omar que tiene que irse. Cuando Omar diga que no tiene a dónde ir se Unknown.jpegle informará de recursos para excluidos sociales.

No es que no hayamos procurado gestionar otros recursos, NO, es que a un chico que ingresa a punto de cumplir los 18 (en este caso en un mes y medio, sin contar que un mes antes podría haber sido considerado menor) no se le tutela y no se regula su situación, quedando de la siguiente manera:

  • No podrá acceder a los recursos para menores extutelados dependientes de la Entidad Pública (programa +18) en los que pueda conseguir condiciones para una vida autónoma aunque hubiera plazas vacantes porque el procedimiento administrativo es más rígido de lo que debiera y no ha sido tutelado.
  • Tampoco podrá acceder a otros recursos de inserción laboral y de alojamiento de diferentes entidades sociales sin ánimo de lucro que intentan dar respuestas a esos que se quedan fuera de los recursos de extutelados y no podrá porque no tiene muchas posibilidades de regularización.
  • No podrá conseguir una autorización de residencia porque una vez que se alcanza la mayoría de edad necesita acreditar los medios de vida y para eso necesita un trabajo y es obvio que este chico no ha solucionado este tema puesto que la institución que lo protege no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para ello.
  • Ni siquiera se le ha facilitado (de momento) un certificado de la Entidad Pública en el que se haga constar que ha estado protegido y bajo qué figura se ha hecho esa protección, si tutela, guarda… porque si se certifica que ha estado en un centro, la oficina de extranjería no lo admitirá como un joven que vino menor y ha alcanzado la mayoría de edad sin haber obtenido una autorización de residencia y no lo documentará.

images-1.jpeg

  • No podrá ir a los servicios de búsqueda de empleo, ni al SAE a nivel andaluz ni otras administraciones de ámbito local, provincial, estatal.
  • Tampoco podrá participar en uno de los programas diseñados para facilitar la inserción sociolaboral de los jóvenes llamado SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL divulgado a bombo y platillo.
  • Pero tampoco podrá ir a aquellos servicios y recursos diseñados para aminorar los factores de riesgo de exclusión social (como por ejemplo Andalucía Orienta) porque no tendrá ni documentos que demuestren que ha sido un menor no acompañado protegido ni tendrá una autorización de residencia.
  • Tampoco podrá acceder a alguna prestación económica, si es que las hubiera, para cubrir sus necesidades más básicas o poder realizar algunas gestiones con instituciones de recursos a la comunidad para la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, vestido y alojamiento.
  • Por supuesto que no podrá estudiar o solicitar una beca o aprender a leer y escribir para así conocer mejor este medio y esta cultura y para evitar ser un analfabeto, salvo que asista a programas de ONGs.
  • Tampoco podrá acceder en condiciones de igualdad a los recursos de salud básica o especializada.
  • No podrá participar en la sociedad a través de ningún cauce de los que hay para ello, no podrá asociarse, ni sindicarse, ni pertenecer a un partido político. Ni tener una vida normalizada como cualquier joven, salir con amigos, ir al cine, buscar trabajo, estrenar ropa o pasear sin miedo.

OMAR quedará en clara situación de exclusión social, en la calle. OMAR tendrá que esconderse de los cuerpos de seguridad que si lo detectaran le tramitarán un expediente de expulsión. Entre otras razones dirán que Omar nunca ha intentado regularizar su situación ¡Pero si no la ha obtenido como menor, porque la institución de protección no lo ha hecho!!!

OMAR tendrá que soportar la dureza de la calle, las inclemencias del tiempo, usar los recursos para las personas SIN HOGAR que sabemos que son recursos destinados a las personas que se encuentran en el último eslabón de la cadena de la exclusión.

OMAR tiene 18 años, merecería una oportunidad, a eso vino porque vivía sin esperanza en su país y con condiciones muy adversas para un menor hasta ayer, hoy un joven de 18 años en exclusión social. Imaginemos muchos Omar en una misma ciudad o un mismo barrio. Imaginemos que son personas que tendrán que vivir, que alimentarse, evitar el frío. Imaginemos que entonces algunos de esos Omar deciden hacer aquello que trasgrede las normas, imaginemos que son condenados a prisión… Imaginemos que cualquier ciudadano pensará que los OMAR vienen a delinquir y para acabar en las cárceles, que las instituciones habrán hecho lo que mandan las leyes y lo habrán hecho considerando EL INTERÉS SUPERIOR DE OMimages.jpegAR. Imaginemos que si tenemos muchos OMAR así vamos a tener un problema todos, Omar, los vecinos, los policías, los fiscales, los jueces, los políticos, los responsables de las instituciones públicas, los voluntarios de ONGs. Todos querremos buscar soluciones y diremos que esa situación la han creado los OMAR.

Mi grito en favor de esos OMAR, valientes, que buscan la vida en otros lugares, que quieren mejorar su futuro, acceder a una vida digna. Mi reivindicación a que las instituciones hagan su trabajo y no justifiquemos estas situaciones en burdas trabas administrativas y burocráticas. Que los menores sean tutelados por las administraciones públicas, que se les documenten, se les den sus papeles, su autorización de residencia y su autorización de trabajo, que salgan con unas mínimas condiciones para poder vivir como jóvenes, como personas dignas….

Firmado: Alguien que puede ser represaliado. Cualquiera que conozca a los OMAR